La justicia es el conjunto de normas aplicadas por jueces sobre las cuales el Estado imparte justicia cuando estás sufren algún tipo de violación, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común.
En México se resuelve solo el cinco por ciento de los homicidios. De los 154.557 asesinatos cometidos en el país de los años 2010 a 2016, el 94,8 por ciento permanecen impunes. El promedio son cinco condenas por cada cien víctimas, muy por debajo de las estadísticas del continente americano (24 sentencias), de Asia (48 sentencias) o de Europa (80 sentencias por cada cien homicidios).
México vive una crisis de impunidad en el momento más violento de su historia registrada: en 2017, en sólo nueve meses fueron registrados más de dos mil asesinatos. Estas cifras se deben al colapso del sistema de justicia mexicano. Además de estar desbordado y mantener un enfoque errado, el sistema de justicia presenta un déficit de recursos materiales, sin embargo, no se deben a la falta de dinero, pues entre 2008 y 2015 el presupuesto para seguridad interna aumentó de 27.000 a 43.000 millones de pesos.
Uno de los muchos estudios respecto al derecho que realizó la UNAM revela que el sistema jurídico y político mexicano: está diseñado para favorecer a quienes tienen más poder económico y para mantener en la pobreza a las clases menos favorecidas.
Ya es un hecho que tanto la desigualdad económica como la social promueven la impunidad y la vulnerabilidad de las personas de escasos recursos.
El doctor en sociología del derecho Guillermo Raúl Zepeda Lecuona que considera que la desigualdad reduce la actividad económica, la productividad y genera ineficiencia en la asignación de los recursos de la sociedad, por lo que implica un menor aprovechamiento de los mismos y un crecimiento nulo, raquítico o no sustentable.
Se debe empezar por romper el paradigma judicial actual: no debe enfocarse solo en el número de detenidos, sino en la solución de los crímenes, el hallazgo de sus móviles y el diseño de una política preventiva eficaz afincada en el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos. Para ello, el gobierno mexicano debe tener la voluntad política de reformar las instituciones judiciales.
